Una mezcla de dejadez por parte de la administración,
régimen sancionador débil y estrategias judiciales mantienen en funcionamiento seis
minas de grava en el corazón de un parque regional protegido en el sur de
la Comunidad de Madrid. La situación es conocida y se prolonga desde hace años
(como han constatado grupos como Ecologistas en Acción, Arba o Jarama Vivo)
pero esta combinación de factores permite que los áridos para la construcción
sigan produciéndose.
Las explotaciones de Aladueña y Peñalver, Tramsa, Maresa,
Ampliación Aricusa, Gravera del Jarama y Tranzones pisan zonas del Parque
Regional de Sureste cuya ley de creación y plan de recursos prohíben
expresamente. También invaden las franjas de protección de las riberas de los
ríos Jarama y Manzanares, de acuerdo con la cartografía.
¿Cómo es posible esta situación? Algunas respuestas pueden
deducirse por un informe del Defensor del Pueblo fechado en enero de este
año, en el escrito se constata “la virtual inefectividad de la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid [que] no sólo no comprueba los hechos por sí
misma, ni insta ninguna reacción salvo comunicarlos con notable demora a la
Consejería competente en Minas y sólo para que conteste”. Es decir, el
Defensor del Pueblo concluye que, ante posibles incumplimientos por parte de
las explotaciones, mira hacia otro lado. El informe remacha: “Se informará a
las Cortes Generales”.
Además, el documento subraya que la autoridad que concede
las autorizaciones mineras (la Consejería de Economía y Hacienda) también se
lava las manos en caso de que las empresas deban hacer restauraciones por
incumplir la normativa medioambiental “ni insta ni se interesa por ello aunque
se trate de restauraciones por actividad minera”.
La explotación minera se aprovecha de la actitud poco
beligerante por parte de las autoridades. Existen minas que hacen negocio sin
tener siquiera autorización oficial. Según los expedientes consultados,
empresas como Aridenca, TICOSA o Gravera de Jarama han extraído material sin
permiso pero sin que tampoco se les detuviera la actividad. Por ejemplo, la
empresa Aridenca S.L. ha mantenido tres explotaciones (Aricusa, Ampliación
Aricusa y Ampliación Aricusa II en el término de Ciempozuelos) de las cuales dos
no cuentan con autorización de actividad (Aricusa y Ampliación II). Sus
solicitudes datan de 1999 y 1997 y la respuesta de no otorgamiento
(dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid) no llegó hasta 2005 y 2003
respectivamente. En noviembre de 2002 se constataron extracciones en zonas no
autorizadas. Las autoridades también detectaron en junio de 2010 vertidos no
autorizados tanto en sus explotaciones sin licencia como en la que sí contaba
con permiso. Ese mismo año, pero en agosto, los agentes forestales presentaron
una denuncia por extracción en zonas no autorizadas.
Otra minera, TICOSA (en San Martín de la Vega), ha estado
operando sin autorización desde que la pidió en 2003. La autoridad minera se la
denegó en 2007 (fecha en la que la inspección ya detectó actividad irregular).
TICOSA recurrió la negativa. Los tribunales admitieron su reclamación el 31 de
octubre de 2010. Esto hizo reiniciarse el procedimiento de autorización que aún
está pendiente de resolverse: de 2003 a 2013 la mina opera sin un permiso
oficial explícito como atestiguan los expedientes de la Consejería de Economía.
Pero es que incumplir sale barato en el parque protegido.
Algunas de las empresas implicadas en esta situación conocen la rentabilidad de
la actitud oficial. Por ejemplo, Graveras del Jarama extrajo 9.000 metros
cúbicos de áridos en zonas prohibidas por lo que recibió una denuncia en 2007 y
una multa de 240 euros. Cabe señalar que el precio de la tonelada de árido
oscila entre los 8 y los 40 euros según calidades. Cada metro cúbico supera la
tonelada de peso por lo que el precio de ese material nunca bajó de 100.000
euros. Además, Graveras del Jarama “ha incumplido la obligación de restituir
que se impuso en los expedientes sancionadores”, recoge el escrito el Defensor del
Pueblo. Esta mina funcionó una vez terminado su plazo de autorización en 2004:
Pasaron dos años desde que solicitó una prolongación de actividad hasta
que se le denegó formalmente por parte de la Comunidad de Madrid, tiempo en el
que extrajo grava. Después, su recurso prolongó el proceso hasta el 8 de
octubre de 2012. Según se deduce de los informes de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, las extracciones continuaron todo ese tiempo. La sanción
más alta que ha podido certificarse para este reportaje asciende a 6.000 euros.
Las graveras en las zonas más sensibles del parque protegido
debieron finalizar sus extracciones en 2004. Así lo recogía el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN) aprobado por decreto en 1999 y que
decía que “concluirán su actividad en un plazo no superior a cinco años” desde
esa aprobación. Luego remitía a otro reglamento (el Plan de Uso y Gestión:
PRUG) para fijar los plazos. Ese texto legal llegó diez años después, en 2009.
Y en su punto.3.2.5 recoge que las explotaciones situadas en esas zonas de alto
valor aún tendrían seis meses para su desmantelamiento. Durante todos esos
años, el sector de los áridos estuvo viviendo un auténtico boom. Desde 1994
–año de creación legal del parque regional- hasta 2006 -cuando registró su
máximo histórico de 486 millones de toneladas- el incremento de
producción fue de un 143%, según los datos de la Asociación Nacional de Áridos.
La crisis de la construcción dejó esa cifra en 173 para 2011. Ese año, Madrid
consumió 11,3 millones de toneladas (un 19% menos que en 2010).
Sin embargo, una maniobra judicial por parte de una de las
empresas mineras que operan en el parque terminó con la anulación del último
reglamento. La entidad Aridos y Premezclados S.A.U. (ARIPRESA) interpuso
un recurso contra el PRUG porque a la hora de aprobar este reglamento no se
pidió “el informe previsto (…) a emitir por las Administraciones competentes en
materia de urbanismo”, es decir, los ayuntamientos comprendidos en el parque
(son 16). El Tribunal Supremo atendió a esta petición en septiembre de
2012 y anuló el plan, como si no existiera. De esta manera, una minera
consiguió que se extinguiera el último paso legal que terminaba con las explotaciones
en áreas muy protegidas aduciendo un defecto de forma que competía a los
ayuntamientos.
Fuente: El Diario.es
Texto: Raúl Rejón
Imágenes: El Diario
Enviado: Jesús Lanza. Madrid
Composición: Picapiedra
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