Precintada la cantera de la Pedregosa Caceres.

En el punto de mira judicial se encuentra una de las canteras de la ciudad de Caceres, en concreto la de la Pedregosa.

Presuntas irregularidades, como funcionar sin los correspondientes permisos; daños medioambientales, al estar situada la explotación de extracción de áridos muy próxima a un terreno protegido; y desobediencia, al haber seguido funcionando pese a la orden de precinto. Son estos algunos de los hechos por los que dicha cantera, situada en la carretera de Malpartida de Cáceres, pero en el término municipal de la capital cacereña, está siendo investigada por la Justicia.

Fue una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la que hace ya dos veranos, concretamente en junio del 2010, alertaba a la Fiscalía de Cáceres sobre la presunta ilegalidad de esta explotación, propiedad de Aridos Sevilla Nevado, y que, pese a "carecer de licencia de apertura", funcionaba junto a la denominada carretera de las sardinas, próxima al río Salor.

Ante "los claros indicios" de la ilegalidad de la explotación denunciada por el Seprona, la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Cáceres, tras sus correspondientes indagaciones, resolvía un año después denunciar el caso ante el Juzgado Decano de la ciudad para la apertura del correspondiente proceso judicial. De la causa se ha hecho cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, que ha acordado, por su parte, la apertura de diligencias judiciales de investigación contra la propiedad de la cantera de la Pedregosa.

ACUSACIONES Acreditado que la cantera de la Pedregosa carecía de licencia municipal, que la comisión regional de Urbanismo había rechazado su legalización "por ser contraria a las normas urbanísticas", o que tenía orden de paralización de la actividad dictada por la Alcaldía de Cáceres, y que pese a todos estos hechos seguía funcionando, la fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente ejercía su acusación.

Y lo ha hecho contra la propiedad de la explotación, Aridos Sevilla Nevado, así como también contra exresponsables del Gobierno local cacereño, contra aquellos que estaban al frente de la corporación municipal cuando se produjeron los hechos, en concreto en el año 2005 y también en la legislatura siguiente.

A los primeros les acusa la fiscal responsable del área de, entre otros hechos, incumplimiento de las normas y medidas tanto administrativas, "por realizar una actividad sin licencia alguna que la ampare", como medioambientales, "ya que se trata de una actividad, la extracción de áridos, que, en este caso, además de nociva para el medio ambiente se realiza muy próxima a una zona protegida medioambientalmente".

Y también les imputa por la presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad, "ya que pese a tener una orden de paralización de la actividad dictada por la Alcaldía de Cáceres, una orden de precinto, continuaron funcionando y explotando la cantera".

En cuanto a exresponsables municipales, en concreto exalcaldes y exconcejales responsables en materia de Urbanismo y Medio Ambiente en la corporación municipal cacereña en el año 2005 y la siguiente legislatura, como José María Saponi, Carmen Heras o Andrés Nevado, se les imputa en esta causa "por haber consentido la explotación a sabiendas de sus irregularidades", indicó a este diario la fiscal delegada.

Al parecer, y así figura entre los hechos que se investigan con respecto a los exresponsables municipales presuntamente implicados, el ayuntamiento sí actuaba contra la propiedad de la cantera de la Pedregosa, de hecho llegaron a abrirles varios expedientes, "pero ninguno de ellos llegó a resolverse".

Parece ser que se hacía así en previsión de la posible legalización de dicha explotación de extracción de áridos en la inminente revisión del entonces Plan General de Ordenación Urbana, "pero esto nunca ocurrió, de hecho en su última revisión, la del 2010, también le fue denegada la legalización".

HECHOS Las presuntas ilegalidades cometidas por Aridos Sevilla Nevado en la cantera de la Pedregosa, según consta en alguna de las denuncias formuladas, se habrían derivado inicialmente del incumplimiento por parte de los mismos de las condiciones ambientales de una concesión minera del año 2004. Y ello porque estaban "extendiendo los movimientos de tierra y las excavaciones hacia terrenos no autorizados", y produciendo de este modo "un grave daño ambiental sobre los ecosistemas del río Salor y su entorno, de notable valor ecológico".

Se trata este del área situada en las proximidades de la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) y Zona de Especial Conservación (Zec) Sierra de San Pedro, y del Zec del río Salor, donde existen diferentes especies protegidas a las que la explotación "estaba afectando negativamente".

Fuente: El Periodico de Extremadura

Texto: Isabel Bravo

Imagenes: Rufino Vivas

Enviado: Luis Antunez. Caceres.

Composición: Picapiedra

Cantera ilegal en Jaén. La denuncia de la ACGPJ. Andalucía.

El Mineral Digital de hoy lo dedicamos a hacernos eco de una noticia muy particular, la denuncia de una Asociación de Aridos española por una cantera ilegal, posiblemente la primera vez que esto sucede en nuestro país. La razón esgrimida para esta denuncia, es la crisis y falta de trabajo en el sector, lo que llama realmente la atención del comunicado, es que si esto no fuera así, si no hubiera crisis, les parecería perfecto que se abriera una cantera ilegal. Desde nuestra posición, contraria siempre a la explotación ilegal de canteras o minas, haya crisis o no la haya, nos alegramos de que por una vez, los empresarios del sector sepan lo impotente que se siente el ciudadano cuando ha de luchar y denunciar este tipo de explotaciones ilegales, los oídos sordos y la lentitud de la administración, de las fuerzas de orden público y de los responsables de dichas obras. Una cucharada de su propia medicina, eso es lo que han recibido los autores de esta pataleta infantil jiennense. Y no les ha gustado.

"El secretario general de la Asociación de Canteras y Graveras de la Provincia de Jaén, José Ángel Mesa, ha alertado de que existe una cantera "ilegal" en la pedanía Los Barrios de la localidad jiennense de Andújar, siendo explotada por una Unión Temporal de Empresas (UTE) que está abasteciendo de material a una obra de la que es promotora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), según ha informado Mesa a Europa Press.

De este modo, ha criticado que la cantera "ilegal" esté sirviendo a una obra de titularidad pública, en concreto, del Ministerio de Medio Ambiente. Por ello, ha hecho llegar a esta área la información que posee sobre la explotación al objeto de que tenga conocimiento de ello. Además, ha enviado la misma información a las distintas administraciones competentes, entre ellas, la Subdelegación del Gobierno y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Así, el secretario general de la Asociación de Canteras ha señalado que tanto la Benemérita como los técnicos del Departamento de Minas ya han estado en la cantera supuestamente ilegal, habiendo levantado acta y enviado orden de paralización, pero, "de momento, la impunidad es total y las extracciones piratas se siguen produciendo con normalidad".

Asimismo, ha explicado que en la zona adonde se halla dicha explotación existen "cuatro canteras totalmente legalizadas que están prácticamente paradas, siendo la titularidad de dos de ellas de empresas multinacionales y la titularidad de las otras dos de locales, las cuales están pensando en cerrar porque no tienen trabajo, a pesar de que sus trabajadores pertenecen a la segunda generación de una familia dedicada a este oficio".

Tal y como ha trasladado Mesa, cada día se extraen unos mil metros cúbicos, con lo que "la obra se habrá acabado y el agujero quedará en la explotación". Según ha explicado, la UTE extrae el material de la zona aluvial de canto rodado de la zona del río Guadalquivir, no necesitando voladuras, pues "se ha llevado retroexcavadoras con las que está sacando el material".

"Nadie paraliza la explotación, tenemos un grado de indefensión espectacular", y es que, según ha argumentado, "si hay trabajo para todos, perfecto, pero cuando no hay para nadie, es complicado convivir con la situación", ha concluido."

Fuente y Texto: Europa Press

Imagenes: AFA (Asociación de Fabricantes de Aridos de Andalucía)

Enviado: Jose Angel Ruiz. Jaén.

Composición: Picapiedra

Todas las canteras de áridos de Güimar eran ilegales. Tenerife. Islas Canarias.

El Gobierno de Canarias informó ayer al Cabildo y al Ayuntamiento de Güímar de que las empresas extractoras de áridos que operaban en los barrancos güimareros no contaban con autorizaciones mineras en vigor durante muchos de los años que permanecieron activas. Esta es la conclusión principal de la reunión técnica mantenida ayer por las tres administraciones.

De esta situación, el gobierno municipal hace una lectura “muy positiva”, ya que se trata de un dato que avala sus tesis y un argumento importante para seguir reclamando a los empresarios el pago de la restauración de este enclave, del que las industrias estuvieron extrayendo árido durante casi medio siglo en lo que es “el mayor atentado paisajístico que existe en Canarias”, en palabras del alcalde güimarero, Rafael Yanes.

Cabe recordar que a 201.567.122 euros asciende el coste que tendría actualmente la restauración de la zona de los barrancos de Güímar en la que se encuentran las canteras de extracción de áridos, cuya actividad cesó el 8 de abril de 2008, cuando el ayuntamiento procedió al cierre y precinto de la última de las instalaciones. La tasación forma parte de las diligencias previas abiertas en un procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado número 2 de dicho municipio, habiendo sido solicitada su elaboración por la Fiscalía.

“Algunos sueñan con solicitar indemnizaciones. Nosotros también hablamos de indemnizaciones. Los autores de este atentado paisajístico deben indemnizar a la sociedad, a las administraciones y al interés público para recuperar la agricultura del lugar”, dijo hace un mes el regente, quien ayer presidió un encuentro con parlamentarios y consejeros insulares del PP, de visita en el municipio.

La presidenta del Partido Popular en Tenerife y diputada autonómica, Cristina Tavío, expresó su “total y absoluto apoyo” a la propuesta del ayuntamiento de solicitar al Cabildo la modificación del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) al objeto de cambiar la calificación del suelo afectado por las industrias extractoras de rústico de protección minera a rústico general, en cualquiera de las categorías que procediera para dicha clase de suelo. Respaldo que extendió a la petición de sustituir el actual Plan Extractivo por otro de Restauración del Paisaje y la Canalización de los Barrancos.

Por su parte, el presidente portavoz del Grupo Popular en el Cabildo y senador por Tenerife, Antonio Alarcó, recalcó la importancia de la reunión celebrada durante la mañana de ayer y recordó que el PP “tiene un conocimiento exhaustivo de la problemática existente con la extracción ilegal de áridos debido a que la ex -alcaldesa de Güímar, Vicenta Díaz (q.e.p.d.), nos mantuvo al día de esta situación durante su legislatura”.

"Cuando voy a Sudamérica veo la misma minería que he visto aquí, en Güímar", aseguró uno de los expertos más destacados en la recuperación de minas abandonadas en cielo abierto, Domingo Carvajal Gómez, ingeniero técnico de Minas del departamento de Ingeniería de Diseño y Proyectos de la Escuela Politécnica Superior en la Universidad de Huelva, además de licenciado en Geología. Impresionado aún por lo que presenció durante su visita a la zona en la que se encuentran las ya precintadas canteras de extracción de áridos, dijo que se trata de "un modelo de malas prácticas en esta actividad y la peor imagen de la minería en todo el país".

Su primera conclusión fue señalar "la total dejadez y desidia de las administraciones competentes" como responsables de una acción "que ha sido superrentable" para los empresarios, pero que ha supuesto la invasión de los cauces de los barrancos creando "un problema potencial, porque en cualquier momento puede producirse una avalancha que causaría destrozos graves". De hecho, durante su recorrido por la zona en que están las canteras constató que hay antecedentes de tales avenidas porque así lo indican las capas que se perciben en los taludes de las extracciones.

La paralización de la actividad completada por el Ayuntamiento de Güímar con el precinto de la cantera El Fregenal "debería entenderse por los profesionales de la actividad extractiva como un gran éxito" porque, siendo muy necesaria, "no debe practicarse en perjuicio de la sociedad", algo que ha ocurrido en Güímar, a su juicio.

Carvajal no se explica cómo han estado activas las canteras de áridos durante más de 40 años en la forma que lo han hecho en el municipio güimarero. "Hoy existe la tecnología suficiente para evitar el polvo, para impedir los perjuicios derivados del paso de los camiones por las ciudades y para que no se dañe la salud de la población como consecuencia de esta actividad", añadió.

Todo ello, percibió, está muy alejado de la realidad de la industria extractiva en Güímar de la que considera que ha estado actuando todo este tiempo "con una rentabilidad grande porque no ha invertido en medidas compensatorias y correctoras, ni medioambientales ni de seguridad".

Fuente: El Día.es, y Foro contra la incineración de Tenerife.

Textos: J.A. Medina. Tenerife

Imagenes: Fotos Aereas de Canarias.com, Insurgentes, y FCIT.

Enviada: Nuria Rodriguez. Gran Canaria

Composición: Picapiedra

Otra cantera sin licencia: Nueva Julia. Villablino. León.

El fiscal de Ponferrada, Jacinto Fernández Villavilla, ha instado al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Villablino para que investigue unos supuestos hechos delictivos de carácter urbanístico y medioambiental por parte de la empresa Coto Minero del Cantábrico, por sus actuaciones en la explotación a cielo abierto de Nueva Julia, una mina ubicada en los municipios leoneses de Cabrillanes y Villablino.
De esta forma la Fiscalía ha dado respuesta a una denuncia presentada por la asociación ecologista Filón Verde el pasado verano.
Según la Fiscalía, se constata una ocupación irregular por parte de Coto Minero Cantábrico de varias hectáreas de terreno de monte de utilidad pública perteneciente a la pedanía del Villar de Santiago, en los parajes de San Justo y La Rebata. Estos terrenos son colindantes con la explotación de Nueva Julia en el municipio de Cabrillanes.
En su escrito, el Ministerio Público advierte que esta presunta ocupación irregular se puso en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y del Servicio Territorial de la Junta.
Fueron los propios agentes medioambientales de la Junta quienes hasta en tres ocasiones denunciaron la ocupación irregular de dicho monte público.
La supuesta 'invasión' de territorio en la explotación minera no ha motivado, según se desprende de la denuncia, orden alguna de paralización por parte ni de la Junta ni del Ayuntamiento de Villablino, en base a las competencias asignadas.Imagenes superiores: Victorino Alonso, saludando a Rodriguez Zapatero, y en solitario explicando el fraude del carbón por el que ha sido condenado.

En consecuencia con semejante ocupación, la empresa minera Coto Minero del Cantábrico no cuenta con licencia de obra ni de actividad, ni tampoco con autorización de uso de suelo, según los datos aportados por el fiscal.
En las pruebas presentadas se adjunta el informe emitido por los agentes medioambientales en el que se señala la ocupación de 3 hectáreas de terreno, al igual que un informe emitido por parte del Seprona en el cual se habrían fremarcado de 20 posibles faltas medioambientales o delitos por vulneración de diversas leyes.

La Fiscalía señala que la empresa minera se excedió de los límites de la concesión afectando a varios ecosistemas protegidos y calificados como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), como los del Alto Sil o Valle de San Emiliano, con afectación de la Red Natura 2000.
También se apunta que la actividad de la minera ha afectado a los lugares de captación de aguas. Tales acciones se habrían producido en el paraje del Campo de La Mora perteneciente al municipio de Cabrillanes y a terrenos del municipio de Villablino, por lo que ambos ayuntamientos también tendrán que dar cuenta de sus actuaciones siendo ahora el Juzgado de la capital lacianiega quien instruya el proceso. De este modo al empresario minero Victorino Alonso se le abre un nuevo frente judicial por un presunto cielo abierto ilegal en una zona de alto valor medioambiental.
Desde el grupo Alonso, el responsable de comunicación, Juan José Valverde, ha señalado que la empresa prefiere no realizar valoración alguna y que está a la espera de los acontecimientos."

Dicho empresario ya ha sido condenado por el llamado "fraude del carbón":
http://www.lne.es/cuencas/2010/03/23/supremo-condena-victorino-alonso--pagar-14-millones-union-fenosa/890404.html

Mas información acerca de la plataforma Filón Verde: http://www.filonverde.org/
Fuente: El Mundo.es
Texto: Chema Gomez. Villablino. León.
Imagenes: Agencia EFE, Juan Vega y Filón Verde.
Enviado: Jesus Sanchez. León