Caso resuelto después de más de quince años de pleitos. La empresa Unión Minera del Norte (Uminsa), perteneciente al grupo Alonso, acaba de pagar más de 700.000 euros a los 28 demandantes del pueblo de Langre (Berlanga del Bierzo) por los daños causados en unas cuarenta edificaciones de su propiedad, entre ellas la iglesia de Santa Eulalia, perteneciente al Obispado de Astorga y construida en el siglo XVII.El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por la sociedad minera contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León, emitida en el 2009, cuando se declaró culpable a Uminsa por primera vez. El Supremo ratifica así ahora el dictamen judicial de la Audiencia por entender que las grietas que aparecieron en las edificaciones de los denunciantes (viviendas, bodegas, alpendres e iglesia) son debidas a las subsidencias del terreno producidas por la actividad minera en el subsuelo. Eran los tiempos en los que la empresa que mantenía la actividad extractiva de carbón en la zona se llamaba Coto Minero del Sil, luego integrada en Uminsa.
Frente al recurso de casación interpuesto por Uminsa ante el Supremo, el grupo de 28 perjudicados —agrupados en una demanda conjunta formulada por el abogado ponferradino Pablo Soto— también se dirigieron al máximo tribunal y éste aceptó sus argumentos rechazando las pretensiones de la compañía minera, que decía que los daños en las casas ya existían en 1989.
De esta forma, tras el Supremo, el Juzgado de Primera Instancia 1 de Ponferrada emitió la orden de ejecución de sentencia y los afectados cobraron ya la indemnización fijada judicialmente. Aunque el abogado de los denunciantes ha declinado facilitar datos concretos de lo que han percibido cada uno de los afectados, Diario de León pudo saber en base a la actividad judicial que circuló durante este largo pleito que las cantidades de las indemnizaciones oscilan entre los 4.000 euros la más baja, y los 80.000 euros en el caso de daños de mayor cuantía. Esta última corresponde al Obispado de Astorga por las grietas, desconchones y otros desperfectos aparecidos en la estructura del templo de Langre.
Hay otras cantidades indemnizatorias por daños producidos por las subsidencias mineras que, en números redondos, se sitúan en los 52.000, 40.000, 35.000, 16.000, 13.000 y 7.000 euros.
La sentencia de la sección segunda de la Audiencia que ahora ratifica en última instancia el Supremo destaca que el laboreo minero en el subsuelo del pueblo de Langre son causa de «hundimientos del terreno y consecuentemente de deformaciones en la superficie en sus dos componentes, horizontal y vertical, lo que es conocido como subsidencia». Todo esto ha motivado «hundimientos verticales y desplazamientos laterales, inclinaciones, compresiones y tracciones en su estructura y cimentación en la superficie». En base a los informes periciales la sentencia indica que llegan a la «firme convicción de que dichos daños tienen su origen en el fenómeno de la subsidencia». Se añade igualmente que los daños han ido apareciendo a lo largo de los años, hasta el final de la explotación de Coto Minero del Sil en el 2000.
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