El lobby de canteros ha trabajado duro y, salvo cambios de
última hora, conseguirá unos privilegios extraordinarios con la nueva Ley de
Minas que prepara el Govern de Baleares. El anteproyecto que será presentado en
breve establece en su artículo 45 que los derechos de los terrenos
pertenecen, prácticamente de por vida, al titular de la explotación y no al
propietario de los terrenos. Dicho en otras palabras, que el propietario
de la explotación minera pierde sus derechos sobre el terreno a favor del explotador
de la cantera. Es un artículo sorprendente porque entra directamente en
contradicción con lo que establece de la ley nacional de minas cuando en su
artículo 16 declara que el aprovechamiento minero de un terreno es un derecho
del propietario del mismo, nunca del titular de la explotación.
Como consecuencia de lo anterior, la obligación de restaurar
una cantera se asignaría al explotador desterrando así los derechos del
propietario. Restaurar una cantera no es ningún castigo ni ningún problema para
el cantero. No le significa un coste sino todo lo contrario dado que durante
los años que duran los trabajos, que pueden ser indefinidos, la cantera
siempre se sigue explotando de forma más o menos soterrada con la excusa de ir
adaptando el terreno para la reposición de materiales. Hay que eliminar los
taludes verticales, hay que allanar el terreno y suprimir dificultades
orográficas, todo lo cual implica seguir sacando material. El negocio, sin
embargo, no sólo está aquí, sino también en los escombros que llegarán a la
cantera reportando importantes beneficios para el titular de la
explotación.
El mismo artículo 45 del proyecto de Ley de Minas va todavía
más lejos y en otro apartado establece que en caso de rescisión del contrato o
de cualquier controversia entre propietario y titular de la explotación, este
último siempre tendrá derecho a seguir entrando en la cantera para trabajos de
restauración tanto si tiene o no permiso del dueño. Es aquí donde el 'lobby' de
canteros consigue su segundo gran éxito: poder seguir trabajando en la mina
aunque el propietario del terreno no lo quiera. Por si esto fuera poco, el
proyecto de ley establece que aquel propietario que ponga obstáculos al
cantero no sólo deberá ser sancionado sino que además deberán iniciarse
acciones judiciales contra él.
