Santiago- La Xunta remitió el viernes pasado al Ministerio de Asuntos Exteriores la respuesta al informe de la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) que denunciaba irregularidades medioambientales en cuatro explotaciones de pizarra de Os Ancares-Courel, tres de ellas en el municipio de Folgoso y una más en el de Quiroga. Según el Gobierno gallego, estas pizarreras no entrañan riesgo para el entorno protegido: a la más polémica, la de La Campa, no le ponen tacha; las fracciones segunda y tercera de la Cupa II están pendientes de la declaración de impacto para funcionar; y la de La Ilusión (en Quiroga, de lleno en la Red Natura) no contamina porque no tiene actividad. El 9 de mayo, la CCE mandó una carta al Gobierno español en la que preguntaba sobre la aplicación en Ancares-Courel, Lugar de Interés Comunitario (LIC), de tres directivas de la UE que protegen los espacios de especial valor ambiental dentro de Europa. La Comisión percibió el incumplimiento de varios artículos a raíz de las denuncias de ecologistas y vecinos sobre la "proliferación indiscriminada de canteras" en una zona crítica. Un área protegida por la Red Natura 2000 en la que, en 2004, con el Gobierno del PP, la Dirección Xeral da Natureza abrió una zona de excepción, el llamado "buraco" de O Courel.
La Xunta ha respondido al límite del plazo de dos meses dado por la UE para contestar al informe. Un escrito en el que la Comisión afirmaba que "el Reino de España incumplió las obligaciones que le incumben" al autorizar en precario la explotación de las canteras y no salvaguardar el interés ecológico de la zona.
La contestación que el ministerio se encargará de remitir a la UE ha sido coordinada por la Secretaría Xeral de Relacións Exteriores con los informes aportados por las consellerías de Medio Ambiente, Política Territorial e Innovación y la Confederación Hidrográfica del Norte. En 20 folios, la Xunta rebate el informe de Bruselas. Respecto a la cantera de La Campa, el Gobierno gallego aduce que se encuentra fuera de la zona protegida (es decir, en el "buraco"), que la primera licencia de explotación (del Ministerio de Industria) data del año 74 y que la Xunta bipartita renovó este permiso para la nueva ampliación de la pizarrera tras dar el visto bueno a una declaración de impacto ambiental del año 2004.
Los informes oficiales concluyeron entonces que el daño sobre la zona y sobre el río Redomás o Luruda, afluente del Lor, era "nulo" al aplicarse un sistema de bancos para cortar la montaña. Estos bancos, de una media de cinco metros de altura, demostraron, según la Xunta, ser eficaces. La última inspección, de hace un mes, concluyó que desde estas plataformas de trabajo los restos son trasladados a la escombrera sin precipitarse sobre el río. Los guardias forestales que vigilan el cauce aseguraron que el agua, a la entrada y la salida de la mina, era "cristalina".
En su respuesta, el Gobierno gallego pide también a la UE que no se le impongan a La Campa las condiciones medioambientales propias del entorno protegido, por la importancia económica que tiene la mina en la comarca. O Courel, para la Xunta, es desde 2007 un municipio minero y hay que salvaguardar el empleo.
Además, la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Norte se comprometen ante la UE a llevar a cabo un proyecto de restitución ambiental de la escombrera que está dentro de la mina y que fue denunciada por ecologistas y vecinos por contaminar el río con sus desprendimientos.
Sobre la cantera Cupa II, en sus dos fracciones (los derechos mineros se dividen en cuadrículas), la Xunta argumenta, en contra del criterio de la UE, que están fuera del LIC (en el "buraco") y que aún no están en activo. "En próximas fechas se van a requerir los informes previstos para la declaración de impacto ambiental", dice el texto, y entonces se decidirá si se les concede a las dos fracciones licencia de explotación.
Investigadas tres años
Si la respuesta de la Xunta no le satisface, la CCE seguirá investigando. En último caso, el Estado puede ser llevado ante el Tribunal de Justicia Europeo y condenado a devolver las ayudas que recibió para preservar espacios protegidos.
La CCE inició la investigación en 2005 y tres años más tarde concluyó que se habían incumplido normas obligadas para los 27 países. Según la Comisión, la autorización de las canteras se hizo "en precario" porque los estudios de impacto no incluían medidas para salvaguardar la naturaleza o se tomó por bueno el informe aportado por las empresas.
La UE dice que la ampliación de La Campa fue autorizada por la actual Xunta cuando el Gobierno gallego ya había sido advertido sobre esa mina por Bruselas. Según la CCE, "las escombreras han invadido el cauce del río generando gran contaminación".
En cuanto a La Ilusión, la única cantera que no defiende la Xunta, la UE indica que "representa una amenaza para los valores naturales". Según el Gobierno gallego, esta mina tuvo siempre informes favorables hasta que, en 2006, la Dirección Xeral de Protección da Natureza emitió uno en contra de la licencia. Pese a que la empresa depositó el aval contra posibles daños ambientales para empezar a trabajar, la cantera, se dice desde San Caetano, nunca llegó a funcionar "ni funcionará".
La Xunta ha respondido al límite del plazo de dos meses dado por la UE para contestar al informe. Un escrito en el que la Comisión afirmaba que "el Reino de España incumplió las obligaciones que le incumben" al autorizar en precario la explotación de las canteras y no salvaguardar el interés ecológico de la zona.
La contestación que el ministerio se encargará de remitir a la UE ha sido coordinada por la Secretaría Xeral de Relacións Exteriores con los informes aportados por las consellerías de Medio Ambiente, Política Territorial e Innovación y la Confederación Hidrográfica del Norte. En 20 folios, la Xunta rebate el informe de Bruselas. Respecto a la cantera de La Campa, el Gobierno gallego aduce que se encuentra fuera de la zona protegida (es decir, en el "buraco"), que la primera licencia de explotación (del Ministerio de Industria) data del año 74 y que la Xunta bipartita renovó este permiso para la nueva ampliación de la pizarrera tras dar el visto bueno a una declaración de impacto ambiental del año 2004.
Los informes oficiales concluyeron entonces que el daño sobre la zona y sobre el río Redomás o Luruda, afluente del Lor, era "nulo" al aplicarse un sistema de bancos para cortar la montaña. Estos bancos, de una media de cinco metros de altura, demostraron, según la Xunta, ser eficaces. La última inspección, de hace un mes, concluyó que desde estas plataformas de trabajo los restos son trasladados a la escombrera sin precipitarse sobre el río. Los guardias forestales que vigilan el cauce aseguraron que el agua, a la entrada y la salida de la mina, era "cristalina".
En su respuesta, el Gobierno gallego pide también a la UE que no se le impongan a La Campa las condiciones medioambientales propias del entorno protegido, por la importancia económica que tiene la mina en la comarca. O Courel, para la Xunta, es desde 2007 un municipio minero y hay que salvaguardar el empleo.
Además, la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Norte se comprometen ante la UE a llevar a cabo un proyecto de restitución ambiental de la escombrera que está dentro de la mina y que fue denunciada por ecologistas y vecinos por contaminar el río con sus desprendimientos.
Sobre la cantera Cupa II, en sus dos fracciones (los derechos mineros se dividen en cuadrículas), la Xunta argumenta, en contra del criterio de la UE, que están fuera del LIC (en el "buraco") y que aún no están en activo. "En próximas fechas se van a requerir los informes previstos para la declaración de impacto ambiental", dice el texto, y entonces se decidirá si se les concede a las dos fracciones licencia de explotación.
Investigadas tres años
Si la respuesta de la Xunta no le satisface, la CCE seguirá investigando. En último caso, el Estado puede ser llevado ante el Tribunal de Justicia Europeo y condenado a devolver las ayudas que recibió para preservar espacios protegidos.
La CCE inició la investigación en 2005 y tres años más tarde concluyó que se habían incumplido normas obligadas para los 27 países. Según la Comisión, la autorización de las canteras se hizo "en precario" porque los estudios de impacto no incluían medidas para salvaguardar la naturaleza o se tomó por bueno el informe aportado por las empresas.
La UE dice que la ampliación de La Campa fue autorizada por la actual Xunta cuando el Gobierno gallego ya había sido advertido sobre esa mina por Bruselas. Según la CCE, "las escombreras han invadido el cauce del río generando gran contaminación".
En cuanto a La Ilusión, la única cantera que no defiende la Xunta, la UE indica que "representa una amenaza para los valores naturales". Según el Gobierno gallego, esta mina tuvo siempre informes favorables hasta que, en 2006, la Dirección Xeral de Protección da Natureza emitió uno en contra de la licencia. Pese a que la empresa depositó el aval contra posibles daños ambientales para empezar a trabajar, la cantera, se dice desde San Caetano, nunca llegó a funcionar "ni funcionará".
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