El fiscal de Medio Ambiente de Barcelona, Antoni Pelegrí, reclama en su escrito de acusación tres años y seis meses de prisión, multa e inhabilitación por presunta contaminación para Rafael Eduardo Sánchez Illera y Antonio Sánchez Espina, que en la década de los 90 ocuparon diversos cargos directivos de las empresas que se encargaban de gestionar las minas de potasa de Súria y Sallent. La acusación pública solicita una pena menor, de dos años y nueve meses, para José Ramón Membrillera, quien fuera también alto cargo de la empresa.
Según el escrito del fiscal remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa, los tres acusados, en atención a sus responsabilidades y a pesar de tener conocimiento y aceptar "el defectuoso proceso de explotación y gestión ambiental en las actividades mineras de Súria y Sallent", no promovieron las "actuaciones efectivas" destinadas a evitar los diversos procesos de grave contaminación que se produjeron a lo largo de los años.
La acusación sostiene que en la explotación de Súria, la empresa Iberpotash tenía una enorme escombrera principal de residuos salinos (27 hectáreas) y dos pozos de extracción de mineral. Los Mossos detectaron en 1997 que la escombrera desprendía unos líquidos originados por el material acumulado a raíz de la lluvia y la humedad.
Estos productos que se generaban a causa del deficiente depósito de materiales iban a parar en forma de vertidos a los ríos, rieras, torrentes y pozos de agua subterráneas próximas, "afectando gravemente" al ecosistema. En la zona se tiraban cada año 1.200.000 toneladas de residuos.
También se detectó que el 21 de agosto de 1999 se produjo una salida "incontrolada" de líquido contaminante proveniente de los depósitos de residuos de Sallent al río Llobregat. Fuentes judiciales explicaron que la empresa presentó un plan de mejoras en el 2008.
Fuente: El Periodico
Texto: J.G. Albalat
Imagenes: El grito del pueblo.
Enviado: Joan Teixeira. Barcelona
Composición: Picapiedra
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