El sector del mármol ha conseguido que el Gobierno
valenciano atienda una reivindicación que puede calificarse de
"histórica" porque se remonta dos décadas atrás y que persigue,
únicamente, facilitar la tramitación administrativa y burocrática para poder obtener
licencias con las que abrir nuevas canteras de piedra natural.
El Consell aprobó ayer, en sesión plenaria, el proyecto de
Decreto de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo por el que
se establecen medidas de agilización de procedimientos administrativos en
materia de minería.
La Comunidad Valenciana vuelca su importante actividad
minera en rocas y minerales industriales -arcillas, caolines, yesos, calizas y
mármoles- que son, hoy en día, el motor de la minería también en el ámbito
nacional. El objeto de esta medida legislativa es, por tanto, habilitar mecanismos
de simplificación, documental o de tramitación, haciéndolos más eficientes y
accesibles, a fin de agilizar el desarrollo de la actividad empresarial del
mármol y del resto de sectores asociados a la minería. Para lograrlo se han
tomado en consideración, como principales criterios, la supresión de trámites,
la eliminación o reducción de cargas administrativas, la normalización
documental y la tramitación telemática. Y éstas son, precisamente, algunas de
las solicitudes que la Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la
Comunidad Valenciana, a la que también pertenece la Asociación Mármol de
Alicante, ha expuesto durante el último año en las diferentes reuniones de la
Mesa de la Minería que preside el conseller de Industria Máximo Buch.
La norma ayudará a favorecer una asignación más eficiente de
los recursos de la administración tanto en el ámbito de la gestión de los
procedimientos, como en materia de planificación y seguimiento de los proyectos
y planes de explotación relativos a actividades de investigación y
aprovechamiento de recursos minerales. Así pues, entre los trámites que se
suprimirán destaca la supresión de la obligación empresarial de presentación
anual de Planes de Labores para permisos de investigación que se sustituye por la
declaración responsable. También se sustituye por declaraciones responsables
los Planes Anuales de Explotación, pasando la empresa minera a realizar una
planificación cuatrienal de los trabajos de explotación. Asimismo, se
simplifica la documentación inicial exigida dentro del procedimiento para el
otorgamiento de derechos mineros de investigación y aprovechamiento de recursos
minerales y se agiliza el procedimiento para la expedición y renovación de los
certificados de aptitud de operadores de maquinaria minera móvil. Este Decreto
está en plena sintonía con el Decreto 165/2010 de 8 de octubre del Consell, que
establece medidas de simplificación, documental o de tramitación, y reducción
de cargas en los procedimientos gestionados por la administración de la
Generalitat y su sector público. Se pretende así facilitar a las empresas el
ejercicio de sus actividades para mejorar su eficiencia en unos momentos
económicos especialmente duros.
La demanda de recursos minerales está muy vinculada al ejercicio de actividades clave en la economía de la Comunidad, lo que le otorga un carácter específico de naturaleza estratégica y socioeconómica. El mármol es el motor de la economía del Medio Vinalopó junto al calzado y posee un gran peso específico en el tejido industrial de transformación y elaboración. Las actividades de investigación y aprovechamiento de recursos minerales naturales otorgados en la Comunidad, autorizaciones o concesiones de explotación y permisos de investigación, superan los 650 derechos mineros. A esto hay que añadir aquellos otros procedimientos de solicitud de autorización en fase de tramitación administrativa por Industria. Por lo tanto, según destaca el Consell, la aprobación del Decreto incidirá sobre el conjunto de las actividades mineras en diferentes aspectos de la explotación e investigación, además de sobre determinados aspectos en el ámbito de la seguridad minera, entre los que cabe destacar la autorización de operadores de maquinaría minera móvil que, sólo en el año 2012, ascendió a 520 expedientes.
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