Las ofertas presentadas por doce empresas de demoliciones y reciclado de metales para convertir en chatarra gran parte de las instalaciones de Mina La Camocha han hecho saltar las alarmas entre el Colectivo para la Defensa del Patrimonio Industrial y los sindicatos, que defienden la conservación de un conjunto emblemático para la minería asturiana y para el movimiento obrero en España. El Juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo, encargado de la liquidación de los bienes de la empresa gijonesa para pagar a sus acreedores, está avanzando en el proceso para el derribo de esas instalaciones. El desenlace, no obstante, depende del Ayuntamiento de Gijón, que puede conceder la licencia de obras para los derribos o bloquearla.
Esto último es lo que piden el historiador Rubén Vega, uno de los portavoces del Colectivo para la Defensa del Patrimonio Industrial, y los sindicalistas de CC OO, Juan Sánchez, y de CSI, Samuel Fernández. Todos ellos abogan por que expertos en patrimonio industrial efectúen un estudio sobre el valor histórico de los edificios e instalaciones mineras antes de decidir cuáles se deberían mantener y cuáles son prescindibles. Hasta que esto no se realice piden que el Ayuntamiento no autorice ningún derribo. Se trata de la misma petición que ya efectuaron al anterior gobierno municipal tanto ellos como los colectivos vecinales de Vega y de La Camocha, sin que recibieran respuesta alguna. La postura de UGT, por su parte, es que se mantenga algún vestigio industrial en la zona, en la línea de lo ya previsto por la anterior Corporación municipal.
Quienes defienden que se realice un estudio antes de autorizar derribos añaden que no supondrá ningún contratiempo para los proyectos de dar nuevos usos industriales a los terrenos de la mina, en los que se prevé ubicar un parque empresarial. De hecho, la realización de cualquier proyecto de ese tipo exigirá la previa retirada de los 1,99 millones de toneladas de tierra que aún permanecen en las dos escombreras de la mina y la descontaminación de las balsas de finos de carbón; la que está a la vista y la que está bajo una de las escombreras. Ambos procesos llevarán años, en especial lo referente a las balsas de finos.
Los derribos previstos implicarían la desaparición del castillete del pozo número dos y todas las instalaciones que lo rodean, dejando sólo una chimenea aislada. El conjunto industrial en torno al pozo número tres también quedaría amputado al derribar el lavadero, el sistema de cintas transportadoras y los silos, entre otras instalaciones en torno al castillete de ese pozo, el cual sí se va a conservar.
«No se puede dejar sólo un castillete descontextualizado, y eso es lo que va a ocurrir delante de nuestras narices», opinó ayer Rubén Vega, quien recordó que el colectivo del que forma parte ya solicitó a la anterior Corporación que impidiera lo que está a punto de ocurrir. Ahora «vemos que el proceso avanza de manera inexorable y no conocemos la postura de Foro Asturias», el partido que se ha hecho cargo del gobierno local.
El secretario general de la Unión Comarcal de Gijón de CC OO, Juan Sánchez, insistió en que «no debería achatarrarse nada en tanto que no se haga un estudio», y señaló que a su juicio, aun sin ser experto en patrimonio, hay «claros errores», como la previsión de derribar uno de los dos castilletes de la mina gijonesa.
Para Samuel Fermández, secretario general de CSI, «esos derribos sólo responden a la especulación; todo debería dejarse ahí como patrimonio, y tendríamos en eso que aprender de los errores que ya se cometieron con el desmantelamiento de Naval Gijón y con el de la fábrica de Moreda».
Por su parte, el secretario comarcal de UGT, Héctor Roces, apostó por que «se mantenga algún vestigio de lo que hubo ahí», evitando que quede «un solar, como pasó con la fábrica de Moreda».
Fuente: LNE.es
Texto: M. Castro
Imagenes: Vicente García Oliva, y Xurderadio.
Composición : Picapiedra
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