D. Rafael Salgueiro es profesor del Departamento de
Administración de Empresas de la Universidad de Sevilla y Secretario del
Observatorio Ambiental de Andalucía. Miembro del equipo redactor del
Informe Económico de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar
AGI. Miembro del panel de seguimiento de la Estrategia Andaluza ante el
Cambio Climático y Miembro del equipo responsable del Informe de Sostenibilidad
de Andalucía. Ha participado en el diseño, dirección y redacción de la Memoria
de Sostenibilidad 2003, 2004 y 2005 de Emasesa. También forma parte de la
Fundación Atlantic Copper.
Nuestra legislación desarrollada a partir de la excelente Ley de Minas de 1973 no es un inconveniente; al contrario, cumple muy bien las funciones de animar el aprovechamiento de los recursos minerales; asegurar los derechos de propiedad que se hayan constituido en forma de permisos de exploración e investigación o de concesiones de explotación; evitar la inactividad de los titulares de derechos salvo por razones objetivas; asegurarse por parte del Estado de que los solicitantes tienen la capacidad técnica y económica para abordar la tarea que hayan solicitado, lo cual es congruente con que los recursos del subsuelo tienen carácter demanial, salvo en el caso singularísimo de las llamadas "concesiones originales" de Riotinto, en realidad una propiedad sobre el subsuelo establecida en 1873 y que otorga a su titular el derecho de explotación, si bien sometido a la normativa vigente sobre las técnicas de operación minera. Esto es lo que refleja la disposición adicional segunda de dicha Ley, que transcribe literalmente la conocida como "cláusula Río Tinto" de la Ley de Minas de 1944.
Desde 1875 hasta 2001 ha habido una actividad minera ininterrumpida, si bien ha habido varios titulares sucesivos e incluso dos en algún período y han sido también varios los minerales de interés. En 1988 se produjo el cierre de la operación de cobre por falta de rentabilidad, no siendo tampoco de interés la producción de pirita para la obtención de ácido sulfúrico. El propietario era entonces RTM que centró su actividad en el aprovechamiento del gossan (mena de oro y de plata) hasta que a mediados de la década de los 90 las reservas se hicieron muy exiguas, apenas el que rodeaba la parte superficial de la caña del pozo Alfredo. Habiendo sido adquirida RTM por Freeport McMoRan en 1992 se planteó entonces un plan de diversificación que, entre otros extremos, contemplaba la paralización de actividades mineras en Riotinto, el estímulo a nuevas actividades productivas y -esto es importante recordarlo- continuar la investigación en sus concesiones en Aguas Teñidas y en Agua Blanca, orientadas a su futura explotación. Huelga decir que se incluía la indemnización a la plantilla y el establecimiento de un plan de prejubilaciones para el que se pedía una ayuda complementaria a la Junta de Andalucía por un importe equivalente a seis millones de euros actuales. Ha leído bien, seis millones de euros. Los precios de entonces y su escenario a medio plazo, salvo el espejismo de la subida en 1995, y las condiciones laborales establecidas hacían imposible intentar siquiera una operación de cobre por parte de aquél titular. Como casi todos sabrán existía un plan alternativo promovido por Comisiones Obreras, que esencialmente consistía en que los trabajadores adquiriesen la empresa libre de cargas de todo tipo, recibir el importe equivalente a las indemnizaciones y aportaciones al plan de jubilación anticipada, ajustar las condiciones laborales para que los costes hicieran rentable la operación, agotar el gossan y reabrir el cobre. Una "descolonización" en toda regla, si se quiere. Este fue el plan adoptado por los trabajadores, no sin reticencias por parte de UGT y aceptado por la administración autonómica. Funcionó durante algunos años, en los que coincidieron competencia técnica y precios del cobre que, aún a duras penas y con alguna ayuda de la administración, sostenían la operación. Pero los bajísimos precios de finales de los noventa y principios de siglo -entre otras razones- hicieron inviable la continuidad de la operación, de modo que se detuvo en 2001 al igual que sucedió con otras minas metálicas de la provincia. MRT SAL entra en situación concursal y la Junta de Andalucía financia un plan de prejubilaciones generoso para esta y otras minas, considerando además que la minería metálica andaluza onubense se podía dar por finalizada, aunque en Sevilla los propietarios de Cobre Las Cruces seguían avanzando en su proyecto con gran tenacidad y afrontando todo tipo de dudas e incomprensiones, administrativas y sociales, incluido el fantasma de la rotura de la balsa de Boliden, aunque su operación no requiera una infraestructura de este tipo.
La subida de los precios de los metales, cobre incluido, a partir de 2004 y la esperanza bien fundamentada en el mantenimiento de un precio elevado provocaron que se hiciese realidad otra vez el viejo dicho minero: "Mientras haya reservas puede haber mina". No es una casualidad que Aguas Teñidas haya podido entrar en operación, que se haya reavivado el interés por La Zarza, por Sotiel o por Lomero-Poyatos, o que la portuguesa Neves-Corvo esté logrando producciones históricas. Y ya fuera de la Faja Pirítica existe una investigación muy prometedora por estaño en el norte de Córdoba y es más que posible que se reabra la mina de hierro de Alquife.
No deja de tener razón la Junta de Andalucía cuando afirma que no impide la actividad minera, una vez que se ha convencido de su viabilidad y como ha demostrado en algunos de esos casos o con la reciente concesión de permisos de investigación de shale gas en Córdoba y Jaén. Sin embargo, sí es objetable la oposición que manifestó alguno de sus departamentos y el aparato político ante el intento de continuación de las operaciones que se propuso en 2004, una vez que Mantesur, integrados sus activos en EMED Tartessus desde 2007, creo recordar, adquirió en subasta pública el yacimiento y los activos necesarios para la operación. La Mantesur de entonces contaba con respaldo financiero suficiente, pero no logró la autorización a la transmisión de los derechos que poseía la comisión liquidadora de MRT, ya convertida en una sociedad anónima que había adquirido las acciones -y sus derechos correspondientes- que habían sido titulados por los trabajadores. La situación administrativa, es importante recordarlo, es de "suspensión de las operaciones por causas económicas", de modo que en condiciones normales si desaparece esta causa (el bajo precio del cobre) la operación debe continuar sin más limitaciones que las que se hubieran derivado de cambios en la legislación minera; por ejemplo las nuevas reglas sobre la clasificación de las presas de residuos y la valoración a efectos del seguro de responsabilidad civil. El proyecto que estaba en suspenso, también es importante recordarlo, es el que fue aprobado en 1995 y sometido a la correspondiente evaluación de impacto ambiental, de modo que cabe decir que ese proyecto no necesita una nueva tramitación. Y aquí hay un hecho importante, el condicionamiento de la autorización de la transmisión de los derechos a la aprobación de nuevo del plan de explotación, lo cual es lo sustantivo en las dos hojas de ruta establecidas por la Junta de Andalucía. Otras administraciones autonómicas han tratado de establecer esta vinculación, pero en dos casos que yo conozca ha sido rechazado por sus correspondientes Tribunales Superiores de Justicia.
El proyecto actual de EMED Tartesuss ha ampliado el volumen de reservas a explotar -de 80 a 120 millones de toneladas de mineral- lo cual conlleva indudablemente un nuevo proyecto y la consiguiente Autorización Ambiental Unificada, además de una actuación sobre las presas de estériles para dar cabida a un mayor volumen de residuos. Y aquí está uno de los puntos importantes. La Junta de Andalucía considera conveniente que se utilice la técnica de densificar y cementar los lodos asegurando su impermeabilización (lo que se conoce como una "presa de pasta"), tal como se realiza en MATSA, si bien ésta tiene menor volumen de residuos y en buen parte se utilizan para el relleno de las cámaras, aplicación que no procede en Riotinto ya que la operación planteada es a cielo abierto. Caben aquí dos posibilidades, utilizar las presas de Aguzadera y Cobre o bien construir una nueva presa ex profeso. La otra opción es el recrecimiento de los muros de las presas actuales. Sobre estas opciones se pronunciarán las ingenierías y organismos competentes, pero hay que señalar que esta necesidad se produciría sólo a partir del tercer año o cuarto año de operación, de modo que no tendría por qué ser un condicionante ahora mismo la solución técnica que finalmente se adopte.
Sobre las balsas y otros terrenos ya es conocido que hay conflictos de interés debido a que en distinta proporción son propiedad de otras empresas, que los han adquirido en subastas promovidas por las instituciones públicas que las habían obtenido como garantía del pago de deudas con ellas. Lo mismo sucede en el caso de algún pantano que servía como reserva de agua para la operación. Una de estas empresas, Rumbo 5.Cero está interesada en el aprovechamiento de los residuos de oro y plata contenidos en la presa del Gossan y ha iniciado los trámites para ello. En opinión de los expertos la capacidad de esta presa no es necesaria para depositar los residuos de la operación de cobre.
Existen otros interesados que de una u otra forma han invertido a lo largo de estos años o han constituido algún derecho, pero no creo que sea difícil un arreglo privado con todos ellos soportado por los ingresos que produzca la operación minera. En las actuales circunstancias de EMED es crucial lograr avances claros en la tramitación que le permitan cerrar los acuerdos de financiación, ya sea la autorización de la transmisión de los derechos, la aprobación del proyecto o la obtención de la AAU, previa exposición pública y resolución de las alegaciones. Sin ninguna duda la resolución de las consultas efectuadas a órganos de la Administración Central, tal como está prescrito en la normativa y aunque no sean vinculantes puede ser un paso de importancia, si la Junta se compromete a asumir sus dictámenes y recomendaciones. Y, claro está, si EMED se compromete también a asumirlos. Por otra parte, las dudas que pudiese haber sobre la solvencia económica tienen una resolución bastante fácil, mediante el establecimiento de un aval razonable en su cuantía, e independiente del de restauración y el social -una nueva figura- que se hayan de constituir en su momento.
En definitiva, la mina de Riotinto es de sumo interés aún cuando se produjera una bajada de precios en el futuro, digamos hasta 4.000 dólares/tonelada. La Junta de Andalucía tiene ocasión de mostrar una saludable combinación de rigor y agilidad que será atractiva para otras inversiones. Y EMED Tartesuss ha de construir o de recuperar la confianza de la Administración del modo que sea objetivamente razonable, amén de resolver los conflictos de interés privados relacionados con el proyecto. Y, si es necesario, tendrá que ponerse firme en primer tiempo de saludo, que es la forma que a la Administración le gusta que se comporten los operadores mineros."
Fuente: Diario de Huelva
Texto: Rafael Salgueiro
Imagenes: Dialogosagua.es, Jmmlimia, AAJ Magallanes, Mundofotos.
Enviado: Jose Manuel Argentona. Huelva
Composición: Picapiedra
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