La Comisión Europea tendrá que decidir qué sucede con el
futuro de las últimas minas de potasa de España, las que explota la compañía Iberpotash
en los municipios de Súria y Sallent (Barcelona). Un vecino de Sallent,
Sebastià Estradé, ha decidido denunciar a España por los continuos
"incumplimientos medioambientales" en los que habría incurrido la
compañía, filial del grupo israelí ICL.
Estradé inició su particular guerra judicial con la
Administración catalana en 2000, pero a día de hoy sus peticiones no han
surtido efecto. Por una parte, reclama que la compañía presente un estudio de
restauración para las montañas con escombros que ha generado en Sallent durante
los años de explotación de las minas. Por el otro, exige a la Generalitat que
fije una fianza equivalente al coste de rehabilitar la zona para la compañía,
después de que esta quedara fijada inicialmente fijada en medio millón de euros
y ahora la Generalitat la haya elevado a 6,9 millones. Estradé, avalado por el
Estudio Ramon Folch & Associats, considera que esa cifra debería ascender a
120 millones de euros por la explotación hasta 2035.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya dio la razón
a Estradé en 2011 con una sentencia que obligaba a la Generalitat a demandar a
la compañía nuevas medidas para restañar el impacto ambiental. No obstante, los
constantes recursos presentados por la compañía han impedido la ejecución de
esas medidas y Estradé ha optado por elevar la causa ante la Comisión Europea,
lo que acaba salpicando al Estado, que es ahora la denunciada.
Según el demandante, si el gobierno comunitario acepta las
denuncias de Estradé España podría afrontar la imposición de sanciones
económicas por la inacción de la Administración durante años, que ha financiado
parte de los costes de la explotación de las minas de potasas de Súria y
Sallent. Según un informe del gabinete ambientalista, la acciones para limitar
el impacto de la actividad de Iberpotash le habría costado a las arcas
autonómicas en torno a los 200 millones de euros.
La denuncia también podría acarrear la paralización de la
actividad extractora de potasa e incluso la ejecución del denominado Plan
Phoenix, ideado por la compañía para potenciar su extracción de potasa del
subsuelo en la comarca del Bages a través de una inversión de 200 millones de
euros. Estradé ha acusado a la Generalitat de actuar de forma
"cobarde" ante los intereses de la compañía, en un caso de
"connivencia o tolerancia" que podría derivar en un caso de "reiterado
incumplimiento" de la normativa medioambiental.
Fuente: El País
Texto: Dani Cordero
Imagen: Susana Saez
Enviado: Jose Luis F.
Composición: Picapiedra
