El borrador de Directrices de los Recursos Minerales da
prioridad a esta industria sobre cualquier otro uso del territorio. ANSE
denuncia que se favorece al sector minero frente a los intereses generales
El Gobierno regional apuesta claramente por la industria
minera, una actividad económica que planea proteger e impulsar mediante una
nueva normativa que tendría una vigencia de 25 años y que favorece la
explotación de las canteras por encima de cualquier otro uso del territorio.
Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de los Recursos Minerales de
la Región, un borrador de trabajo al que ha tenido acceso ‘La Verdad’ y que se
está analizando en diferentes departamentos de la Administración regional, identifican
una superficie de casi 35.000 hectáreas con yacimientos susceptibles de ser
aprovechados, aunque el documento no evalúa la demanda de los recursos
mineros ni cuantifica las reservas.
El análisis de la cartografía incluida en las directrices
mineras revela que 59 núcleos de población y 241 agrupaciones de viviendas
quedarían a menos de dos kilómetros de explotaciones –la presencia de
canteras a menos de 2.000 metros de lugares habitados se considera un factor
restrictivo, pero no excluyente–. Además, los municipios que cuenten con
yacimientos en su término municipal tendrán que adaptar sus planes de
ordenación urbana, y los que no hayan aprobado aún la planificación urbanística
deberán tener en cuenta la presencia de explotaciones mineras.
La Comunidad Autónoma apenas plantea restricciones a la
actividad minera por motivos medioambientales: solo en el caso de que la
actividad industrial afecte a un espacio natural protegido con rango de ley. Las
directrices ponen en valor yacimientos situados en terrenos incluidos en la Red
Natura 2000 y plantean la regularización de canteras ilegales, como las
situadas en el Cabezo Negro (Zeneta, Murcia) y Lo Campano (Cartagena).
Los propietarios particulares también están a merced de la
actividad minera, que se considera de interés general: la nueva normativa prevé
la «privación de bienes mediante indemnización en caso de conflicto con
intereses privados».
Las directrices mineras «invaden competencias que no les
corresponden», a juicio de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), e
incluso podrían vulnerar varias directivas comunitarias porque «fijan a priori
el resultado de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental». También sostiene
ANSE que con este documento se «favorece únicamente los beneficios privados del
sector minero por encima del interés público», mientras que se deja en un
segundo plano «la salud de las personas, la protección del medio ambiente, el
paisaje, la ordenación municipal e incluso la propiedad privada». ANSE reclama
a la Comunidad Autónoma un «documento de planificación sensato» que incida en
el «aprovechamiento y valorización de residuos como materia prima y en la
restauración de zonas afectadas por la minería».
A continuación, las líneas principales del borrador de
directrices mineras:
34.435 hectáreas con recursos para explotar. Las
directrices mineras identifican 34.435 hectáreas susceptibles de ser
explotadas, principalmente en la comarca del Noroeste –y sobre todo en Cehegín
y Caravaca de la Cruz–, Abanilla, Jumilla y Fuente Álamo. Únicamente se
desechan los yacimientos en 3.223 hectáreas porque se trata de suelos de clase
V y VI; es decir, donde la explotación minera es complicada técnicamente y
causaría un gran impacto.
¿Se reabren las minas de Mazarrón? La Comunidad Autónoma
incluye en el catálogo las minas de Mazarrón –zinc, plata y plomo–, lo que
dejaría la puerta abierta a su posible reapertura casi siete décadas después de
su cierre, y pese a la voluntad municipal de mantenerlas clausuradas. También
la Sierra Minera de Cartagena aparece en la relación de yacimientos.
De interés público. El documento establece el
«principio de protección pública del desarrollo económico del sector minero»,
lo que traslada a las administraciones la necesidad de «cooperar» en favor de la
industria extractiva.
Expropiación forzosa. La disposición adicional undécima
declara de «utilidad pública e interés social, a efectos de expropiación
forzosa», el sector de la minería, lo que faculta a la Administración a
indemnizar a un propietario por un determinado terreno donde colisionen el
interés público y el privado.
Control ambiental «flexible y laxo». La normativa que
prepara la Comunidad Autónoma consagra el interés minero por encima del
medioambiental, salvo que la actividad extractiva perjudique a espacios
naturales con rango de ley. Y establece una cierta manga ancha con las
canteras: «Cuando en defensa de la economía nacional o regional se declare la
prioridad pública de determinadas actividades extractivas, los deberes de
preservación del medio ambiente y de restauración se han de exigir de manera
flexible y laxa», advierte el texto legal.
Consejo Asesor de la Minería. De nueva creación y
adscrito a la consejería con competencia en minas, estará integrado por
miembros de la Administración –lo presidiría el consejero del ramo–,
representantes de las organizaciones empresariales de la industria extractiva,
sindicatos, organizaciones ecologistas, Federación de Municipios, colegios de
ingenieros de minas e ingenieros técnicos de minas, UPCT, UMU, Instituto
Geológico y Minero y «dos profesionales de relieve del sector minero, de libre
nombramiento por la presidencia del Consejo Asesor».
Planes de urbanismo adaptados en un año. Los
ayuntamientos tienen un año para adaptar sus Planes Generales de Ordenación
Urbana a las directrices mineras, y los que no tengan planificación urbanística
tienen que solicitar un informe de viabilidad, que será vinculante.
Fomento de la investigación. La Comunidad promoverá el
desarrollo de la investigación científica y técnica en materia minera.
Ayudas económicas. Las directrices mineras incluyen una
línea de incentivos económicos para las empresas mineras, dirigidas a «la
mejora de las condiciones de trabajo, formación de trabajadores,
aprovechamiento racional de los recursos, reducción del impacto sobre el medio
y valorización de subproductos».
Restauración de espacios degradados. Los lugares
degradados integrarán un banco de espacios afectados, en un plan de
rehabilitación ambiental que podrán desarrollar empresas ajenas al sector
minero.
Materias primas prioritarias. Barita, caolín, carbones,
celestina, cinc, cobre, cuarzo, diatomitas y trípoli, estaño, feldespatos,
fluorita, fosfatos, glauberita y thenardita, hierro, magnesita, manganeso,
materiales arcillosos especiales, mercurio, metales preciosos, níquel, piritas,
plomo, potasas, recursos geotérmicos, rocas ornamentales, talco, uranio,
wolframio y wollastonita.
Vivir a menos de dos kilómetros de una mina. De acuerdo
con la cartografía contenida en el borrador de Directrices y Plan de Ordenación
Territorial de los Recursos Minerales de la Región, 59 núcleos de
población quedarían a menos de 2.000 metros de una posible explotación minera,
entre ellos los cascos urbanos de Cartagena, Lorca, Mazarrón, Yecla, Caravaca
de la Cruz, Calasparra, Totana, Blanca, Jumilla, Moratalla, Santomera y Puerto
Lumbreras. Son los siguientes: Abarán, El Algar, Alumbres, Archivel,
Ascoy, Azarbe El Campillo, Barinas, Barranda, Benablón, Blanca, Cañada de
Canara, Cañada del Trigo, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín,
Cieza, Coy, El Beal, El Cantón, El Estrecho de San Ginés, Hornico, Inazares,
Javalí Nuevo, Jumilla, La Alquería, La Copa, La Isla, La Loma, La Paca, La
Unión, La Urdienca, Laderas del Campillo, Las Peñicas, Las Terreras, Las Torres
de Cotillas, Llano del Beal, Lorca, Los Odres, Los Olmos, Los Prados, Los
Pulpites, Macisvenda, Mazarrón, Moratalla, Pliego, Pozo de la Higuera, Puerto
Hondo, Puerto Lumbreras, Ribera de Abajo, Santa Lucía, Santomera, Tazona,
Totana, Valentín, Yéchar, Yecla, Zarcilla de Ramos y Zarzadilla de Totana.
Recomendaciones sobre actividad minera en territorios
incluidos en Red Natura 2000
en este enlace.
Fuente: La Verdad.es
Texto: Miguel Angel Ruiz
Imagenes: La Verdad, Fulsan, Metso.
Enviado: Ginés Lopez. Cartagena
Composición: Picapiedra
