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martes, 12 de junio de 2018

La ley de minas española de 1973: el Opus Dei, Franco y el Partido Popular.

                     Gobierno de Franco en 1973


En esta España del 2018 aún nos manejamos con reglamentaciones preconstitucionales, el caso de nuestra actual ley de minas, que data de 1973, y cuya base es el Plan de Desarrollo Social de 1969, sea posiblemente un caso único en legislación minera dentro de la Unión Europea.
Para entender por qué un estado miembro de la Unión Europea, en pleno siglo XXI funciona con una reglamentación minera obsoleta, alejada de la normativa europea, y que no ha conseguido nunca el consenso para su reforma o derogación a través de cauces constitucionales, hemos de recordar el pasado.

En 1969, el gobierno de Franco, compuesto por personas del Opus Dei, la iglesia nacional católica y los falangistas, lanza el Plan de Desarrollo Social español, cuyo objetivo era: “Modernizar España”. Fruto de este primer año del plan, estalla MATESA, un escándalo de corrupción y evasión de capitales a Suiza que salpica a exministros de Franco y miembros empresariales destacados del Opus Dei. El dictador indulta a todos antes de conocerse la sentencia.
                          José María López de Letona y Núñez del Pino

Del tropezón de MATESA, surge el decimosegundo gobierno de Franco, compuesto por nueve hombres del Opus y tres falangistas, uno de estos hombres es el descendiente de una larga estirpe militar española, D. José María López de Letona y Núñez del Pino (Burgos 1922), quien es el encargado entre otras cosas, de aprobar la Ley de Minas  de 1973 que rige actualmente en nuestro país, también funda el Círculo de Empresarios, siendo su presidente hasta casi su fallecimiento, su hijo es hoy vicepresidente de dicho Círculo, el más potente económicamente del Estado español.
Tras MATESA, se comprobó que  los fines corporativos del Opus Dei eran controlar las finanzas vaticanas y conseguir la mayor hegemonía financiera posible, para ello debía generar un capital sin estado, y ahí estaba el comercio internacional, el mejor modo de que ocultos beneficios pudieran circular entre países con diferentes sistemas legales y fiscales.
Hoy, el vicepresidente del Círculo de Empresarios, D. José María López de Letona Olarra, y su hijo, D. Gonzalo López de Letona Oñate, son administradores de la empresa INVEXCEL Patrimonio EAFI S.L., una empresa de asesoramiento financiero para familias y fortunas de alto standing, radicada en Madrid.
                         José María López de Letona Olarra, y su hijo

En dos ocasiones se ha intentado más o menos en serio reformar la ley de minas española, en ambas ocasiones fue el Partido Popular, con Aznar en el 2003, y con Rajoy en el 2015, quienes ha intentado sacar adelante un nuevo texto, que ayude a las empresas españolas a trampear la normativa europea sobre escombreras y contaminación de acuíferos, entre otras cosas. En ambas ocasiones no ha salido adelante dicha reglamentación nueva, en ambos casos, los ministerios correspondientes estaban ocupados por hombres del Opus Dei.
¿Qué hace por tanto tan interesante e inamovible ésta obsoleta ley minera? Que prioriza los derechos del explotador, cualquier explotador/empresario, sobre cualesquiera otros.
Las escasas victorias ecologistas contra esta minería insostenible a todas luces, se han producido con la reglamentación europea sobre restauraciones y medioambiente, la actual ley de minas es una autopista empresarial perfecta para invertir, expropiar, especular, estafar, lavar y evadir dinero del país.

Y de esto, sabían mucho el Opus Dei, Franco y el Partido Popular, va siendo hora de que la reglamentación minera española sea un calco de la reglamentación europea más avanzada y exigente con el cumplimiento de las normas. Una reglamentación que priorice y equilibre, que ayude y produzca, que sea un verdadero fondo de empleo y sostén futuro de las nuevas generaciones de trabajadores y técnicos de la minería española.
El tufo a rancio y podrido de la actual ley de minas, y de quienes quisieron reformarla a peor durante la democracia, acompañado del interés empresarial de colmillo goteante, también llamado “grupos de presión”, que vienen a ser los que toman café con el monarca actual mientras obreros de ETT les sirven las tazas y limpian sus babas, ese tufo, debe ser derogado.
Saludos norteños.

Texto: Picapiedra
Imágenes: Tiempo, Ecologistas en Acción, Cuarto Poder, Invexcel, 



jueves, 11 de julio de 2013

La nueva Ley de Minas, un abuso sin precedentes. Islas Baleares.


El lobby de canteros ha trabajado duro y, salvo cambios de última hora, conseguirá unos privilegios extraordinarios con la nueva Ley de Minas que prepara el Govern de Baleares. El anteproyecto que será presentado en breve establece en su artículo 45 que los derechos de los terrenos pertenecen, prácticamente de por vida, al titular de la explotación y no al propietario de los terrenos. Dicho en otras palabras, que el propietario de la explotación minera pierde sus derechos sobre el terreno a favor del explotador de la cantera. Es un artículo sorprendente porque entra directamente en contradicción con lo que establece de la ley nacional de minas cuando en su artículo 16 declara que el aprovechamiento minero de un terreno es un derecho del propietario del mismo, nunca del titular de la explotación.

Como consecuencia de lo anterior, la obligación de restaurar una cantera se asignaría al explotador desterrando así los derechos del propietario. Restaurar una cantera no es ningún castigo ni ningún problema para el cantero. No le significa un coste sino todo lo contrario dado que durante los años que duran los trabajos, que pueden ser indefinidos, la cantera siempre se sigue explotando de forma más o menos soterrada con la excusa de ir adaptando el terreno para la reposición de materiales. Hay que eliminar los taludes verticales, hay que allanar el terreno y suprimir dificultades orográficas, todo lo cual implica seguir sacando material. El negocio, sin embargo, no sólo está aquí, sino también en los escombros que llegarán a la cantera reportando importantes beneficios para el titular de la explotación.

El mismo artículo 45 del proyecto de Ley de Minas va todavía más lejos y en otro apartado establece que en caso de rescisión del contrato o de cualquier controversia entre propietario y titular de la explotación, este último siempre tendrá derecho a seguir entrando en la cantera para trabajos de restauración tanto si tiene o no permiso del dueño. Es aquí donde el 'lobby' de canteros consigue su segundo gran éxito: poder seguir trabajando en la mina aunque el propietario del terreno no lo quiera. Por si esto fuera poco, el proyecto de ley establece que aquel propietario que ponga obstáculos al cantero no sólo deberá ser sancionado sino que además deberán iniciarse acciones judiciales contra él.


Fuente: El Mundo.es
Texto: Miguel A. Font
Imagenes: David Gallinar, Maestroviejo.
Enviado: María Sanfeliú. Mallorca
Composición: Picapiedra
 
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